Reducción de jornada laboral: Inspecciones seguirán el modelo REPSE
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) planea desarrollar una estrategia de inspección para la jornada laboral de 40 horas basada en la fiscalización digital profunda y el cruce automatizado de datos con otras dependencias, siguiendo los mecanismos de revisión implementados en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
¿Cómo funcionará el sistema de inspección digital?
En entrevista con El Economista, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explica que las revisiones aplicarán un sistema automatizado de vigilancia que utiliza el cruce de información en tiempo real entre la dependencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esta estrategia ya tiene antecedentes operativos en materia de REPSE, con detección de irregularidades masivas sin necesidad de visitas domiciliarias.
Para la vigilancia de la reducción paulatina de la jornada laboral a 40 horas, el cruce de información institucional se centrará de forma prioritaria en la STPS y el SAT. El proceso de detección automatizada operará mediante la confronta de dos fuentes de datos principales:
Sistemas de control de asistencia electrónicos: los registros digitales que las empresas están obligadas a mantener para medir las horas de trabajo de forma regular.
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina: las facturas timbradas ante la autoridad fiscal donde constan los pagos por concepto de tiempo extraordinario.
La autoridad laboral obtendrá información de primera mano analizando los conceptos analíticos del CFDI como la presencia de horas extra dobles y, principalmente, de horas triples, lo que evidenciará de inmediato si un patrón usa constantemente el tiempo extraordinario o un posible incumplimiento de los límites de horas laborales por persona trabajadora.
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Esta discrepancia numérica actuará como un indicador de riesgo que activará de forma dirigida las primeras inspecciones presenciales o de gabinete.
¿Qué autoridades coordinarán el monitoreo y cuáles son sus implicaciones?
El monitoreo de la jornada laboral involucra competencias específicas que se complementan para evitar la evasión de obligaciones:
STPS: si detecta jornadas que superen los límites legales sin el pago correspondiente, alertará a la autoridad fiscal.
SAT: aunque no fiscaliza condiciones laborales directamente, analizará el timbrado de nóminas para detectar inconsistencias en las retenciones e importes exentos o gravados de las horas extra.
IMSS: revisará qué empresas reportan el pago de horas extra triples en los CFDI pero omiten integrarlas formalmente en el Salario Base de Cotización (SBC). Asimismo, las alertas pueden detonarse cuando un trabajador rinda declaración sobre sus jornadas al solicitar atención médica por accidente o enfermedad.
¿Cuáles son las sanciones por incumplir con el control de asistencia?
El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece las sanciones económicas aplicables a los patrones que omitan implementar o alteren los registros digitales de asistencia, obligación que fue introducida en el artículo 132, fracción XXXIV de esta misma ley a partir de la reforma que entró en vigor este 2026.
Las multas están indexadas al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se determinan según la gravedad del caso. En la siguiente tabla se encuentran los montos basados en el valor de este indicador para 2026 que es de 117.31 pesos diarios:
| Concepto Infringido | Sanción Mínima (pesos) | Sanción Máxima (pesos) | Equivalencia en UMAs |
|---|---|---|---|
| Omisión o irregularidad en registros de control de asistencia laboral | $29,327.50 | $586,550 | 250 a 5,000 veces la UMA |
La nueva estrategia de vigilancia digital a la jornada de trabajo refuerza la necesidad de que las organizaciones migren hacia una cultura de cumplimiento preventivo. Esperar al periodo formal de implementación en 2027 eleva el riesgo de incurrir en contingencias legales y multas que pueden ser costosas.
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Con información de El Economista
