Senado aprueba prohibición del buró laboral
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para eliminar el uso de listas negras de trabajadores, también conocidas como buró laboral, con la intención de fomentar condiciones más equitativas. Esta medida se pasará a los diputados para su análisis y votación.
La propuesta plantea cambios al artículo 3 para establecer que las personas trabajadoras y empleadoras deben desarrollarse en espacios libres de discriminación, al considerarse de interés social garantizar condiciones sin violencia ni exclusión.
También se modifica la fracción IX del artículo 133 para prohibir a empleadores y sus representantes el uso de sistemas de registro donde se recopilen o difundan datos personales sensibles de trabajadores que hayan renunciado o fueron despedidos.
El objetivo es evitar que esta información se utilice para limitar o condicionar el acceso o permanencia en un empleo.
De acuerdo con lo expuesto durante la discusión en el Pleno, estas prácticas constituyen una forma de discriminación, impactando en la privacidad y en las posibilidades de empleo.
La protección de datos
El uso de catálogos como el buró laboral también se vincula con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), la cual ya establece restricciones en esta materia.
De acuerdo con el artículo 8° de esta ley, no pueden crearse bases de información sin justificación y compartirlas requiere consentimiento expreso y por escrito de las personas a las que se haga referencia, ya sea mediante firma electrónica o algún mecanismo de autenticación.
La práctica del buró laboral viola este precepto pues los perfiles se comparten sin contar con el permiso de las y los empleados para utilizarse por empresas para filtrar candidatos, incidiendo en sus oportunidades laborales.
La discusión sobre el uso de información en los procesos de contratación se mantiene como un tema relevante en el ámbito laboral, pues la regulación no solo atiende un vacío normativo, sino que también modifica prácticas con las que las empresas evalúan a sus aspirantes.
La reforma plantea ajustes en la legislación para regular estas prácticas y establecer condiciones más justas para las personas, en un contexto donde el acceso al empleo y la protección de la privacidad continúan en revisión dentro del marco legal.
Con información de El Economista
