Proponen nueva Ley para cerrar la brecha salarial de género
La persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres en México ha impulsado nuevas iniciativas legislativas para promover un entorno laboral más equitativo.
Aunque la Ley Federal del Trabajo ya contempla disposiciones para evitar la discriminación por género, los resultados muestran que, en la práctica, aún falta por hacer.
Para atender esta situación, en la Cámara de Diputados se propuso la creación de la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de establecer medidas concretas para erradicar las diferencias en remuneración por género.
La iniciativa, promovida por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, plantea la aplicación obligatoria de esta Ley tanto para empresas privadas como para instituciones públicas. También establece nuevas facultades para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con la legisladora, la desigualdad salarial persiste a pesar de los avances normativos: “la brecha salarial sigue siendo una realidad, lo que hace evidente la necesidad de medidas adicionales y específicas para asegurar la igualdad salarial”, señala.
Las nuevas obligaciones
Entre las medidas que contempla el proyecto de Ley destacan:
Garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor.
Establecer criterios objetivos y transparentes para la determinación de los salarios.
Realizar auditorías salariales periódicas, al menos cada dos años.
Elaborar y aplicar planes de igualdad salarial, con acciones para corregir discriminaciones detectadas.
Proporcionar información clara a los trabajadores sobre sus derechos en materia de igualdad salarial.
Abstenerse de solicitar el historial salarial de los aspirantes a un puesto.
Asegurar que los sistemas de compensación sean transparentes y se basen en criterios relacionados con desempeño y habilidades, no con el género.
La propuesta también incorpora el principio de transparencia salarial, que incluye auditorías, registros de remuneraciones, sistemas de valoración de puestos y el derecho de los trabajadores a conocer la información relevante sobre políticas salariales y sus propias retribuciones.
Te puede interesar: STPS implementa IA para Programa de Inspecciones 2025
Certificación y retroactividad
Los planes de igualdad salarial serían obligatorios para centros de trabajo con más de 50 empleados. Además, las empresas que demuestren no tener brechas de género podrán obtener un Certificado de Igualdad Salarial, como reconocimiento a su cumplimiento.
En los casos donde se identifique discriminación salarial, los empleadores deberán realizar pagos retroactivos a las personas afectadas.
Supervisión y acompañamiento institucional
La STPS sería la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley y de elaborar estudios sobre la brecha salarial. También deberá promover programas de sensibilización y formación dirigidos a empleadores y empleados, para informarles sobre sus derechos y fomentar prácticas no discriminatorias.
Por su parte, la Secretaría de la Mujer desarrollaría una Guía técnica para la realización de auditorías salariales, con el fin de apoyar a las empresas en la implementación de los procesos.
La Ley plantea un plazo de un año desde su entrada en vigor para que los empleadores cumplan con las nuevas obligaciones.
Un problema persistente: la brecha salarial
Aunque en años recientes se aprobaron reformas constitucionales y a la LFT para reconocer la brecha salarial de género y comprometer al Estado a su erradicación, los avances han sido limitados.
De acuerdo con la última medición de Pobreza Laboral del INEGI, las mujeres perciben en promedio 25% menos ingresos laborales que los hombres; es decir, por cada 100 pesos que ellos ganan, ellas reciben 75 pesos.
La propuesta de la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres representa un esfuerzo por traducir los principios de igualdad en acciones concretas.
Su éxito dependerá de la implementación efectiva por parte de las autoridades y del compromiso real de los empleadores para construir entornos laborales más justos.
Con información de El Economista
